domingo, 27 de septiembre de 2009

Proyecto minero tico puede tensar relaciones con Nicaragua

Managua, 25 sep (PL) La continuidad del proyecto minero costarricense para la explotación de oro a cielo abierto de Las Crucitas, ubicado a unos tres kilómetros del río San Juan, puede convertirse hoy en un punto de tensión en las relaciones con Nicaragua.

Esta semana, la Asamblea Nacional nicaragüense solicitó al gobierno de Costa Rica su suspensión por considerarlo peligroso para el medio ambiente en el área.

Una resolución aprobada por unanimidad, el miércoles, en el legislativo y que será remitida al presidente costarricense Oscar Arias y al Parlamento de ese país, expresa la preocupación de los nicaragüenses por la continuidad del plan que desarrolla un consorcio canadiense en esa zona.

Tras superar diferencias en cuanto a la utilización del Río San Juan en La Corte Internacional de Justicia de La Haya, la situación pudiera crear un punto de fricción entre San José y Managua, ya que grupos ecológicos como el Centro Humboldt y la Fundación del Río, predicen eventuales daños en la zona de proseguir el plan minero.

La resolución también insta al gobierno de Daniel Ortega a que revise los proyectos mineros autorizados en la cuenca del Río San Juan y que suspenda cualquier programa lesivo para el ecosistema, en una región rica en biodiversidad.

Grupos que defiende el ambiente sostienen que el proyecto dañará las aguas del San Juan y sus afluentes con materiales altamente contaminantes como cianuro y metales pesados que se utilizan en la producción aurífera, afectando a casi 400 comunidades que habitan a ambas márgenes del río.

La víspera, durante un encuentro con parte de su gabinete y el alto mando del Ejército Nacional, Ortega dio a conocer el decreto con las normas complementarias para regular la navegación en el Río San Juan, según lo legislado por la Corte Internacional de La Haya el 13 de julio último.

Aunque según dijo no han ocurrido mayores incidentes con los vecinos del sur, el gobernante alertó sobre la amenaza que representa para el rio y el Gran Lago de Nicaragua la explotación minera autorizada por el gobierno de San José, la cual también, precisó, va a contaminar aguas costarricenses.

Es algo que debe tener como prioritario la Comisión del Medio Ambiente, que integra el grupo interinstitucional formado con el decreto, sostuvo el jefe del gobierno nicaragüense.
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